Bianith Bohórquez, abogada de la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe Silvia Gette Ponce, dijo hoy que su cliente mantuvo a la Universidad Autónoma del Caribe como una de las mejores del país entre los años 2004 y 2013, cuando ella era rectora. 

Este contexto lo realizó para referirse a la apelación de Ramsés Vargas Lamadrid, quien solicitó al juez de segunda instancia revocar la decisión del Juez Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Barranquilla, que restableció los derechos para que Gette Ponce asuma de nuevo la rectoría. 

“Reinó el iluminismo cuando Silvia Gette fue rectora. La Universidad entre 2004 al 2013 fue ciencia para el progreso y lo que está demostrado es que su momento en ese contexto de hechos, lo único que se puede destacar que es importante para la sociedad que el mejor incentivo de estudio fueron las becas en artes y cultura, en deportes como un equipo de categoría A y con un plantel de 14 mil estudiantes, una sede en Miami, rutas de buses nocturnas que la Uniautónoma pudo ofrecer en la era de Silvia Gette Ponce, un Polideportivo y otros espacios que son dignos de recordar que hacían parte del patrimonio de este alma máter”, dijo la abogada.

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Fue clara en que “no se va a tapar que  (Gette Ponce) fue capturada, que está vinculada en procesos de manera dolosa  para mantenerla ocupada de los ataques sistemáticos de quienes pretendían apoderarse de la Uniautónoma, que era el trampolín para hacerse al poder”.

Indicó que cuando Ramsés Vargas asumió la rectoría “ empezó el oscurantismo” e inició un “saqueo y despilfarro de los bienes de la Universidad”.   

Expresó que por medio del presunto nombramiento ilegal de Vargas Lamadrid como rector “la dirección de la Universidad pasó a manos equivocadas y lo que la tienen en la ruina”. 

“Se rifaron y lapidaron los bienes de la Universidad, dichas propiedades están a nombre de terceros”.

Precisó que la decisión de primera instancia la debe mantener el juez de segunda instancia porque “el restablecimiento de derecho es la vía idónea para cesar las actuaciones del delito”, señalando que existe una formulación de imputación contra Ramsés Vargas Lamadrid y directivos del Consejo Directivo de la Universidad, del año 2013, al configurarse la inferencia razonable de autoría o participación del delito de fraude procesal cuando presuntamente se eligió a Ramsés Vargas como rector  de manera irregular con modificaciones de estatutos y cuando él no era la persona idónea para asumir el cargo.  

“No se declaró la nulidad de actos administrativos del MinEducación” 

La abogada también se refirió que el Juez de Garantías “no declaró la nulidad de actos administrativos del Ministerio de Educación”, sino que suspendieron las actas del Consejo Directivo a partir del 20 de mayo de 2023, pero “no actos administrativos del Ministerio de Educación”, argumento que presentó el delegado de esa entidad para indicar que el juez no es el competente declarar nulidad de los actos del Ministerio y así restablecer los derechos a Silvia Gette. 

Detalló la abogada que la Universidad está bajo “inspección y vigilancia del Ministerio de Educación. Nadie ha desconocido esa calidad, pero la misma se mantiene o ejerce en materias totalmente específicas” y “no está intervenida”. 

También se refirió que Jorge Senior fue designado en su momento por el Ministerio de Educación mediante un acto administrativo, pero en marzo de 2026 fue nombrado en propiedad tras reunión del Consejo Directivo. Es decir, que el acto administrativo que lo designó como rector ya no está vigente, por lo que Silvia Gette podría asumir la rectoría por restablecimiento de derechos dentro del proceso investigativo que se le sigue a Ramsés Vargas Lamadrid y en la que Gette Ponce fue catalogada como víctima.

Tras su intervención, el juez remitirá la carpeta, por reparto, al juez de conocimiento, el de segunda instancia, para que resuelva las apelaciones y determinar si Silvia Gette puede o no asumir el cargo de rectoría.